MARIA PEREZ DE PRADA
La Ley de Arbitraje española prevé, en su artículo 15.5, que, en caso de desacuerdo entre las partes con respecto al nombramiento de los árbitros que dirimirán su disputa, cualquiera de ellas podrá acudir a la jurisdicción con objeto de que el Tribunal Superior de Justicia competente intervenga y designe a un árbitro o a un Tribunal colegiado o, en su caso, adopte las medidas necesarias para su nombramiento. Esta singular función de apoyo al arbitraje, lejos de ser una cuestión pacífica, plantea, en la práctica profesional, numerosos obstáculos y ambigüedades, fruto de la disparidad de criterios entre los Tribunales Superiores de Justicia, así como de una extralimitación de sus funciones, que provoca una indeseable falta de seguridad jurídica. Esta obra constituye un estudio pormenorizado de todas las dificultades a las que las partes podrían enfrentarse en el marco de este procedimiento judicial, ofreciendo soluciones alternativas y propuestas de modificación legislativa. Todo ello, a través de un riguroso análisis de supuestos prácticos y jurisprudencia reciente, teniendo en consideración, como marco de referencia, el Derecho comparado y las propuestas del arbitraje institucional (tanto nacional como internacional).
