CARMEN PÉREZ GONZÁLEZ
Se vienen sucediendo desde hace años en España los debates relativos a la necesidad de diseñar e implementar una política pública en el ámbito de la consolidación de la memoria histórica o democrática que sirva a la adecuada protección de los derechos de las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura franquista. Se trata, sin duda, de una asignatura todavía pendiente en nuestro país. Hasta ahora, el conjunto de las iniciativas que han logrado salir adelante no ha alcanzado los estándares impuestos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Así lo ha venido afirmando un nutrido grupo de órganos de protección internacional de derechos humanos. Sus pronunciamientos han recordado de modo repetido al Estado español precisamente esto: que le queda aún un trecho por recorrer hasta que sea posible afirmar que se ha dado pleno cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Derecho internacional. La última de esas iniciativas es en verdad reciente. Se trata del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, de cuyo análisis jurídico se ocupa este libr
